2023 fue un año muy particular y significativo en el Perú. Fue el año del gobierno de Dina Boluarte, quien como vicepresidenta sucedió al destituido Pedro Castillo a finales de 2022, para completar el periodo presidencial 2021-2026. Lo llamativo es que, a luz de la experiencia del gobierno de éste, de las circunstancias de su vacancia por parte del Congreso, y de las características de la dinámica política peruana posterior a 2016, lo esperable era la continuidad de una dinámica de polarización y confrontación política y social. Inesperadamente, lo que vimos es la gestación en las alturas de la política institucional de una mayoría, que atraviesa grupos de derecha y de izquierda, alrededor de valores conservadores y populistas contraria a diversas iniciativas de reforma institucional implementadas en los últimos años, acompañada por una relativa desmovilización ciudadana. Si bien esto deslegitimó seriamente tanto al gobierno como al Congreso, la ausencia de alternativas viables en el corto plazo generó una cierta estabilidad relativa. Lo problemático es que la precaria democracia peruana parece capturada “desde abajo” por diversos caudillos locales e intereses particularistas, consecuencia de la extrema debilidad de los partidos políticos, constituyendo un peculiar y peligroso camino de deterioro democrático.