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2010 y 2011 han sido particularmente convulsivos para El Salvador. En 2010 la crisis institucional y el enfrentamiento entre los poderes Legislativo y Judicial marcaron la agenda. Cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron considerados en desacato con lo que se considera como el primer órgano del Estado en El Salvador. De no haber sido por fuertes presiones de la sociedad civil, los diputados habrían destituido a los magistrados por haber intervenido en materia electoral, que ellos consideran de su estricta incumbencia. 2011 terminó con la decisión del Presidente de militarizar la seguridad pública. Esto desencadenó una avalancha de renuncias de los miembros de su gabinete de seguridad y enfrentamiento con organismos de derechos humanos locales. Así, se abortó el experimento de impulsar una concepción de izquierda, novedosa para El Salvador, en materia de enfrentamiento de la violencia. De paso, durante estos dos años el desencuentro político entre el presidente Mauricio Funes y su partido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también ha marcado el ritmo de la vida política.